400€ al mes. Esa es la pensión que cobran los viudos y viudas de este país. Con ello deben sufragar los gastos de vivienda y los servicios básicos asociados: luz, agua, gas y teléfono.
Una vez realizados estos pagos debe quedar para comer durante treinta días; tres veces al día. Puede parecer un lujo pero también es necesario comprar ropa y calzado de tanto en tanto.
A todo ello hemos de agregar el IBI, seguro de vivienda y de los “muertos” y en muchos casos el alquiler. También hemos de tener en cuenta el incremento desmesurado e intolerable de los precios de los productos alimenticios básicos que afectan de gran manera a estos pensionistas.
Visto lo visto ¿Hay alguien que dude de las condiciones de miseria en que viven estos ciudadanos? ¿Hay alguien que no crea que muchos deban recurrir a la beneficencia?
En estos momentos en que nos planteamos el incremento de nuevos servicios asistenciales como la ley de dependencia, las bonificaciones absurdas a la natalidad, la prometida partida presupostaria para guarderías públicas, etc... no estaría de más revisar las pensiones para que puedan disfrutar de una calidad de vida aceptable.
No es permisible una sociedad que olvide a sus mayores y los condene a la precariedad asistencia en sus últimos años de vida. Tampoco es aceptable que un país que ostenta la condición de octava potencia mundial y que alardea de tener como objetivo de gobierno la mejora de las condiciones sociales y asistenciales ofrezca unas pensiones que abocan a sus beneficiarios a engrosar la lista de ciudadanos que viven por debajo del umbral económico de la miseria.
Nuestro gobierno, como otros gobiernos autonómicos, que siempre tienen al gobierno central como diana de sus lamentos, tampoco parece que se esfuerce lo suficiente para conseguir que estas personas disfruten de unos ingresos mínimos garantizados acorde con el nivel de vida de nuestro país.
